Más del 60% de las empresas implementa un canal de denuncia de irregularidades más allá del requisito legal, según Whistleblower Software

Whistleblower Software, empresa nórdica de LegalTech proveedora del sistema de denuncia de irregularidades mejor calificado, ha descubierto que, si bien el 75% de las empresas adoptan un canal de denuncia de irregularidades para cumplir la ley, según sus datos internos, hasta 5 de cada 8 empresas (63%) lo hacen por otras razones que van más allá del simple cumplimiento.

En España, la reciente ley conocida como Ley Whistleblowing, establece el 13 de junio como fecha límite para que las empresas de más de 250 empleados dispongan de un canal de denuncias. También estarán obligadas a contar con estos canales las entidades del sector público (excepto los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes), los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos. Se establecen multas de entre 1.001 euros y un millón de euros para quienes incumplan la normativa.

Sin embargo, en el resto de Europa y del mundo, donde este tipo de normativas llevan tiempo en vigor, el cumplimiento obligatorio de la normativa y las posibles multas no son las únicas motivaciones para que las empresas cuenten con este tipo de plataformas de denuncia. Según datos internos de Whistleblower Software, que a día de hoy da servicio a más de 3 millones de empleados en 80 países, las principales razones para que las empresas vayan más allá del cumplimiento legislativo de cada país son:

1. Intención de crear una cultura abierta en la empresa, y potenciar la moral y la retención de los empleados;
2. Utilizar la denuncia de irregularidades para que la empresa funcione eficazmente, obteniendo información que de otro modo quedaría oculta para los altos cargos;
3. La denuncia de irregularidades formaba parte del código de conducta interno de las empresas, pero antes sólo disponían de correo electrónico o líneas telefónicas;
4. Debido a los requisitos de colaboración entre clientes con una estricta política de cumplimiento.

«La Ley Whistleblowing obliga a las empresas españolas a implantar un canal de denuncias. Pero lo que muchos no saben es que son las propias empresas las que quieren implantarlo, más allá de las exigencias legales, bien por el código de conducta interno o a petición de los clientes. El mercado del whistleblower se ha convertido en un propósito muy claro para las entidades, que deja de lado las implicaciones legales para convertirse en una buena práctica corporativa», afirma Álvaro Blanco, country manager de Whistleblower Software en España.

Entre los bufetes de abogados que colaboran con la plataforma de Whistleblower Software se encuentra Écija, con más de 20 años de experiencia, y en el Top 10 de los mejores despachos de España, según los prestigiosos rankings de Chambers & Partners y The Legal 500 y se ha consolidado en el primer puesto como despacho de servicios integrales. Al respecto, han señalado: «En la actualidad, y como es lógico dada la urgencia de ciertos plazos, estamos asistiendo a un repunte significativo del interés por los canales de denuncia, pero al mismo tiempo, observamos una creciente preocupación de las organizaciones por comprender los beneficios de crear procedimientos detallados para gestionar las comunicaciones entrantes y comunicarlas correctamente a los empleados. Lo cierto es que cuanto más acompañamos a las organizaciones en la definición e implantación de sus canales de denuncia, más observamos cómo empiezan a dejar de lado la percepción negativa equivocada de estos sistemas y aprecian el valor añadido interno que han supuesto, el fortalecimiento de una cultura de denuncia y el papel fundamental que juegan en la gestión de los riesgos asociados al cumplimiento normativo», comenta Jeannell Alfau, Gerente de Écija.